RNtv Mutuas contra trabajadoras

En los últimos años, la clase trabajadora está sufriendo descomunales agresiones por parte de la patronal, apoyados por los diferentes gobiernos que han ocupado la Moncloa.

Uno de los ataques más contundentes y que mayor repercusión tiene sobre las trabajadoras y trabajadores son los relacionados con la prevención y con los accidentes de trabajo; la siniestralidad laboral es un tema que los empresarios tienen la obligación de controlar y son los responsables de su prevención.

En 2017 se produjeron quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos veinticinco accidentes laborales, de los cuales seiscientos dieciocho fueron mortales, y de estos, ciento treinta y cuatro in intinere. En cambio, en 2018 fueron seiscientos dos mil trescientos dieciséis los accidentes laborales producidos, seiscientos cincuenta y dos mortales, ciento cuarenta y seis de ellos in intinere. En apenas un año el terrorismo patronal aumentó en casi veinte mil accidentes laborales más, de los cuales costaron la vida a treinta y cuatro trabajadoras más.

La prevención es una materia con un alto coste económico para las empresas, y requiere de una constante inversión, y como todos sabemos, gasto y empresario son dos palabras opuestas. La inversión económica en esta materia por parte de las empresas, supondría un ahorro económico a largo plazo para las mismas, ya que los accidentes y el absentismo se reducirían muy notablemente.

La patronal ha usado su influencia en los diferentes gobiernos y poco a poco han ido perfilando un escenario más beneficioso para sus intereses, culminado su estrategia cuando el gobierno del PP aprobó la ley 35/2014 y el Real Decreto 625/2014, con las que las mutuas pasan a ser entidades colaboradoras de la Seguridad Social y se dedican al control y seguimiento de los accidentes.

Tras su aplicación, podemos observar cómo el desvío de accidentes y enfermedades profesionales a la seguridad social ha aumentado.

La calificación de accidentes sin baja se ha disparado y actualmente se están produciendo situaciones donde personas con huesos rotos son considerados accidentes leves sin baja.

Se han encontrado casos en los que un trabajador con el brazo roto en un accidente laboral, es considerado sin baja; ¿esto, qué quiere decir?, ¿Qué al día siguiente se incorpora a su puesto de trabajo? No, el empresario prefiere cargar con el gasto y enviar al trabajador a su casa pagándole como si estuviese trabajando, disimulando esto, con permisos retribuidos u otras licencias.

El objetivo empresarial es claro: obtener más beneficios y reducir los gastos en materia de prevención. Es ahí donde entra la ley de bonus, R.D. 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.

El objetico es claro, “premiar” a las empresas que “inviertan e incentiven en prevención”. Reduciendo hasta en un 10 por ciento sus cotizaciones a la Seguridad Social y mejorando notablemente su imagen corporativa.
Esta idea estaría bien si fuese un hecho real. Pero desgraciadamente esto conlleva a la picaresca, y las medianas y grandes empresas están esforzándose al máximo en manipular las bajas para conseguir el 0% en accidentes.

Además, gracias a la situación de precariedad del mercado laboral y a la situación de paro y desamparo de los trabajadores y trabajadoras, alcanzan sus objetivos. El miedo y la necesidad hacen que las plantillas acepten situaciones contrarias a sus derechos y perjudiciales para su salud.