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El 14 de septiembre empezó la campaña de solidaridad con los 25 estudiantes, un profesor y un PAS de la Universidad Autónoma de Barcelona, los “27 i més”.
En el mes de mayo, la fiscalía les encausó y en el mes de junio pidió entre 11 y 14 años de prisión por lo “destrozos” ocasionados durante una ocupación simbólica de la Universidad.