RNtv ¿Sin mordazas?
La Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, también llamada Ley Mordaza, fue criticada por organismos internacionales como la Unión Europea, la ONU o Amnistía Internacional por el cerco a las libertades públicas que acarrea, volverá ahora a ser modificada a través de una serie de enmiendas consensuadas entre PSOE y Unidas Podemos. Pero, ¿hasta qué punto los cambios en la ley son suficientes?
Desde colectivos como No Somos Delito denuncian que, con las enmiendas presentadas, los puntos más lesivos de la Ley Mordaza siguen sin modificarse. No es una derogación, como ha anunciado el Gobierno, sino que la reforma sigue siendo una Ley Mordaza.
Varios de los puntos más polémicos de la reforma han sido los que afectan a los cuerpos represivos. En concreto, dos: el poder tomar imágenes de los agentes durante las actuaciones policiales y la veracidad de los atestados.
Hemos visto como, estos cuerpos represivos, se manifestaban contra la reforma planteada por el Gobierno, alegando su indefensión ante manifestantes, sin embargo, la diferencia entre lo aprobado por el PP y el nuevo texto aún por entrar en vigor no son tan sustanciales.
Más de 300 sindicalistas de todo el Estado están encausados por participar en piquetes informativos, es decir, que realizaron acciones que contempla la conocida como Ley Mordaza, un ejemplo es la multa a un sindicalista gallego de 1.260 euros por un delito de ultraje a la bandera durante una manifestación.
Cantantes y artistas de todo tipo han sido encausados, y a veces encarcelados, como el rapero Pablo Hasél por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y las instituciones del Estado, o la condena del grupo de rap La insurgencia, el Tribunal Supremo confirmó su condena a seis meses de prisión para cada uno de los doce músicos por el delito de enaltecimiento del terrorismo, ya que considera que las letras de sus canciones ensalzan al grupo terrorista Grapo.
A otro año de prisión fue condenada la tuitera Cassandra Vera Paz por enaltecimiento del terrorismo por publicar 13 tuits en sus redes sociales con chistes sobre Carrero Blanco, aunque finalmente fue absuelta por el Tribunal Supremo.
Los sentimientos religiosos, también son una excusa para el castigo impuesto a una mujer en Málaga por organizar la ‘procesión del coño insumiso’ para reivindicar los derechos de las mujeres, con una multa de 2.700 euros.
En 2017, la revista satírica El Jueves, fue condenada por publicar una caricatura del entonces príncipe Felipe y su esposa, Letizia, en una postura sexual. La condena fue de 3.000 euros de multa; además, la publicación fue secuestrada por orden judicial.
De aprobarse el actual borrador, el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirían gravemente amenazados al no modificar en profundidad o eliminar los artículos que de manera recurrente han afectado gravemente al ejercicio de estos derechos, y al no establecer mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial.