RNtv No recuperamos los derechos perdidos por las personas trabajadoras
Gobierno, patronal y sindicatos han llegado a un acuerdo que no supone la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 ni la recuperación de los derechos perdidos por las personas trabajadoras con esas reformas.
Los que se autoproclaman agentes sociales no representan ni a todas las personas trabajadoras ni a todos los sindicatos existentes en el estado español, por lo que no pueden negociar ni acordar nada que afecte al conjunto de trabajadoras y trabajadores del estado. La afiliación conjunta de esos dos sindicatos supone alrededor del 8,5% de la población activa, por lo que el resto de dicha población, el 91,5%, o está afiliada a otros sindicatos o no está afiliada a ninguno.
Lo cierto es que el Gobierno incumple sus promesas y abandona su compromiso de derogar la reforma laboral del Partido Popular. Con esta nueva reforma legitima y refuerza los pilares centrales de las reformas laborales impuestas por el PSOE de Zapatero primero y Mariano Rajoy después.
Con este acuerdo no se recuperan las indemnizaciones por despido ni los salarios de tramitación, no se recupera la autorización administrativa de los despidos colectivos, se mantiene la flexibilidad para los despidos objetivos, no se recupera la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa, excepto en la cuestión salarial.
Se recupera parcialmente la ultractividad de los convenios, pero eso no implica mantener el poder adquisitivo de la mayoría de la clase trabajadora, ya que a día de hoy solo el 14% de las trabajadoras están incluidas en convenios que cuentan con una cláusula que garantice la subida salarial al mismo nivel que el IPC, a diferencia de 2008, en donde estaban incluidos un 70% de los asalariados
Esta “no reforma” sigue permitiendo que la empresa puede llevar a cabo unilateralmente modificaciones sustanciales de las condiciones laborales. Como han reconocido desde Aznar al propio presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, este acuerdo no toca los pilares básicos de las anteriores reformas y esto no puede considerarse de ningún modo un avance.
Se trata de una ilusión considerar que es posible mejorar las condiciones laborales permitiendo que la patronal tenga derecho a veto en la legislación laboral. El famoso “consenso social” significa renunciar a establecer una legislación claramente favorable hacia la clase trabajadora: hay una mayoría parlamentaria y social que permitiría avanzar y revertir los retrocesos impuestos durante décadas.
En un contexto de crisis económica y ecológica como el actual, impulsar una legislación valiente en favor de la clase trabajadora y que reduzca el poder empresarial, es lo mínimo que podemos exigir a un gobierno que se autodenomina progresista.
Debemos exigir al Gobierno que deje de acordar nuestros derechos con la patronal e impulse una legislación laboral que aumente el poder de la clase trabajadora.