RNtv Fondos europeos, Otra ocasión perdida
Es evidente que los efectos derivados de la pandemia no sólo han profundizado y acentuado los problemas económicos y sociales que veníamos arrastrando en la economía española, sino que ha empeorado el contexto de actuación social.
Los datos son sobrecogedores, el aumento de la pobreza y la desigualdad en el Estado español se ha disparado en el último año. Asimismo, la frágil situación de los servicios públicos básicos dificulta la utilización de éstos como herramienta fundamental para combatir la pobreza y la brecha entre la población más rica y más pobre.
Por otro lado, la crisis pandémica ha puesto de manifiesto la debilidad económica y productiva que se deriva del modelo económico en el que está especializado el Estado español.
Desde la Unión Europea se van a repartir los Fondos Europeos de Recuperación, con grandes inversiones previstas para reverdecer antiguas industrias (extractivistas, aeronaúticas, constructoras, automoción, etc.) o para abrir nuevos mercados mantiendo el dominio de la propiedad privada, garantizando así los beneficios capitalistas frente a las rentas de trabajo.
Nada se dice en dichos fondos sobre la nacionalización -al menos- de las industrias beneficiadas o la necesidad de regular los oligopolios en los sectores energéticos o tecnológicos, que serán los grandes beneficiados de esas inversiones.
Al estado español le corresponden 140.000 millones, que suponen el equivalente al 3% de su PIB anual durante el período de vigencia del plan (2021-2026), de los cuales unos 72.000 millones son ayudas directas y el resto crédito, es decir deuda.
Estos Fondos correspondientes al estado español, se encuentran regulados por un Real Decreto Ley coelaborado por el gobierno central de coalición y la CEOE, y que para su aprobación han contado con el apoyo de PNV, EHBildu y Vox, entre otros.
Las principales consultoras y los grandes bufetes de abogados ligados al poder corporativo, que realizan labores de asesoría institucional y empresarial, son quienes han elaborado planes y propuestas concretas, especialmente para las grandes corporaciones bien energéticas, bien de telecomunicación, bien de transportes y constructoras, sector de automoción e industria turística.
Las empresas pertenecientes al IBEX 35, en su conjunto, ha presentado proyectos por un valor muy superior a los 100.000 millones. Solo Iberdrola, por ejemplo, pretende impulsar iniciativas cuantificadas en 21.000 millones.
Los planes y propuestas publicadas hasta el momento, no priorizan el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y educación, el modelo público de residencias y un modelo de cuidados de cercanía y que priorice la autonomía de las personas y otros ámbitos de cuidados, la garantía de la vivienda como derecho, la mejora de las condiciones laborales, la lucha contra la pobreza energética, el apoyo al pequeño comercio o el impulso de las economías campesinas y los circuitos cortos, por poner algunos ejemplos.
Los fondos están condicionados al cumplimiento de las “recomendaciones” de la Comisión y el Consejo incluidas en el semestre europeo de 2019 y 2020: mercado de trabajo, sistemas públicos de pensiones y mercado único, y se obliga a los estados, especialmente a los del Sur, a renunciar a financiar la “recuperación” con otros instrumentos, nada de políticas fiscales comunes que obliguen a las grandes corporaciones, oligopolios, capital financiero, etc. a la redistribución de la riqueza.