RNtv Explotación laboral en la carcel
En nuestro estado la tasa de encarcelamiento se encuentra en un 32 por ciento más que la media europea, lo que se debe, principalmente, a la duración de las condenas. Contamos con el doble de presos que países como Finlandia o Suecia y somos el tercer país en tasa de estancia en prisión, solo por detrás de Turquía y Rumanía.
En los ochenta y dos centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado había en septiembre de este año cincuenta y nueve mil setenta personas privadas de libertad, cuatro mil trescientas noventa y siete de ellas mujeres.
De estas personas aproximadamente el 23 por ciento tienen un puesto remunerado en la propia prisión, por el que más de la mitad perciben menos de 200 euros y los sueldos más altos se quedan muy lejos del salario mínimo.
El Ministerio de Interior tiene convenio de colaboración con ciento veinticinco empresas, a las que cede sus instalaciones y facilita mano de obra barata, y forzada, para que sus beneficios sean más altos. Del sufrimiento de los demás siempre hay alguien que obtiene provecho económico.
Grandes empresas, como El Corte Inglés, Banco Santander, Telefónica o ACS, y muchos Ayuntamientos, se benefician del trabajo, apenas remunerado, de miles de personas presas de las cárceles españolas.
El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, dependiente de Instituciones Penitenciarias, funciona como una empresa de trabajo temporal y tiene a más de quince mil personas trabajando en unos doscientos talleres. A ellas hay que sumar las que están bajo el control del Centro para la Iniciativa de la Reinserción de la Generalitat catalana, que va por libre.
Las internas, aparte de estar cobrando sueldos ínfimos, no tienen derechos laborales y están generando una producción por valor de millones de euros con grandes beneficios para las empresas que los utilizan y que además tienen la ventaja de que se ahorran el pago de luz, agua, teléfono e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que corren a cuenta de la Administración.
En las cárceles se fabrican los salpicaderos de Seat, Volvo y Renault. También se producen las pastillas de frenos de casas muy conocidas como Jurid. En Lleida los presos le fabrican a la bodega Raimat cajas de fruta de madera y cartón. Hay imprentas donde se hace casi todo el material de los juzgados y audiencias de Cataluña. En Girona, los presos confeccionan con sus manos los álbumes de fotos que fabrica la empresa Manuart. En Euskadi los presos trabajan para Eroski y Citroën. También Correos usa presidiarios como mano de obra, cobrando menos de 12 euros por ocho horas de trabajo.
Otros productos que se hacen, son los mosquetones para practicar la escalada y el rápel. También hay trabajos para empresas externas de carpintería metálica, confección industrial o cultivo en invernadero, a los que hay que añadir las tareas para las propias prisiones, como cocina, panadería, mantenimiento, jardinería y lavandería.
Se calcula que más de 100 empresas y 500 clientes particulares contratan presos, aunque la cifra real es difícil de conocer ya que los datos no se hacen públicos y no aparecen en el BOE.
Y no es exclusividad de nuestro Estado, por ejemplo, el presidente Bolsonaro ha anunciado que los presos deberán pagar con trabajo los gastos de mantenerlos en las cárceles, y en Estados Unidos por un dólar al día, y a veces menos, los inmigrantes preparan comidas, limpian las instalaciones y hacen la colada en centros de detención de gestión privada por todo el país.
Con la excusa de “integrarles en el mundo laboral”, estas personas presas son explotadas, con la complicidad entre las instituciones y las empresas que las usan para que sus beneficios económicos sean mucho más altos que si estos trabajos se realizarán dentro del mercado laboral.