RNtv ¿existe realmente una epidemia de okupación en España?

Algunas televisiones le dedican mucho tiempo, y la derecha brama en redes sociales pero, ¿existe realmente una epidemia de okupación en España?

En los últimos meses la presa se ha hecho eco, de una manera desproporcionada, del aumento del número de viviendas okupadas, haciendo creer a muchas personas que al volver de hacer la compra podían encontrar su vivienda okupada.

La crisis del coronavirus aboca a los más vulnerables a la okupación, las familias que vivían de la economía sumergida, sin derecho a ninguna ayuda social, y a veces sin estar empadronadas, se lanzan a ocupar pisos a la desesperada.

Hay dos tipos distintos de delitos que castigan la okupación de viviendas:

Si vuelves de vacaciones y han okupado tu hogar, se trata de un delito de allanamiento de morada castigado con hasta dos años de cárcel, y el desalojo es inmediato. Por el contrario, si en la casa no vivía nadie y estaba sin uso, se trata de un delito leve, de usurpación de vivienda, castigado con una multa y se puede tardar años en desalojar a los ocupantes.

Los allanamientos son las ocupaciones ilegales de hogares, tanto domicilios habituales como segundas o terceras residencias, independientemente de que se usen mucho o solo unos pocos días al año como viviendas. Y no están en aumento en el Estado.

Según los datos judiciales, el número de condenados por allanamiento de morada se ha ido reduciendo desde 2016 y se situó el último año disponible, 2018, en 285, una cifra muy inferior a los 6.028 condenados por okupar una vivienda vacía, que no estaba usando nadie.

La okupación de inmuebles vacíos que no están habilitados como viviendas, y que en muchos casos son propiedad de bancos o sociedades de inversión inmobiliaria que se dedican a especular con estas viviendas, sí han aumentado este año.

No existen cifras oficiales de viviendas okupadas, pero sí se puede saber el número de denuncias presentadas ante la policía y la guardia civil. Se recibieron 14.621 denuncias por ocupación de viviendas durante 2019, un 19% más que el año anterior, según los datos del Ministerio del Interior. Es decir, se presentaron unas 40 denuncias al día.

Mientras los desahucios por orden judicial están paralizados, los llamados desahucios invisibles no cesan: aquellos que viven realquilados, hacinados y que no tienen ningún documento que demuestre que el sitio en el que viven es suyo, no tienen nada que pueda paralizar la expulsión.

Y si hablamos de pobreza energética, estas familias, abocadas a okupar una vivienda por la exclusión social que padecen, no se les permite contratar los servicios energéticos necesarios para llevar una vida digna, aumentando su nivel de pobreza y de exclusión social.

Esta situación ha generado una crisis de emergencia habitacional que afecta el derecho a la vivienda y otros derechos fundamentales, derechos que no parecen importar nada a este gobierno de izquierdas, que no pone remedio a este derecho fundamental. Estos impactos se concentran en población vulnerable como por ejemplo la infancia que precisa una especial atención.

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