RNtv Contra las desigualdades sociales, por la justicia social y ambiental
Desde la crisis económica, y ahora de una forma más intensa a causa de la Covid-19, la situación socioeconómica y laboral de las personas ha empeorado drásticamente.
Las consecuencias de la mala gestión tras una década de crisis económica, política, social, medioambiental, sumado a las graves consecuencias jamás vistas de la pandemia que actualmente vivimos, han derivado en un aumento de la pobreza y la desigualdad en el Estado español.
El perfil de la población en riesgo de exclusión social y que vive bajo el umbral de la pobreza también se ha ido modificando y ampliando a otros perfiles sociales.
Todas hemos visto como las “Colas del Hambre” se han ido haciendo cada vez más largas, y como las “autoridades competentes” miraban hacia otro lado, siendo los barrios los que han tenido que organizarse para que sus vecinas no se mueran de hambre.
Ante esta terrible situación, y más en un momento tan delicado como el actual, los servicios públicos se encuentran tremendamente debilitados y en los casos que más se les necesita han dejado de ser la herramienta fundamental para combatir la pobreza y la brecha entre la población más rica y más pobre.
La falta de recursos presupuestarios, los recortes a nivel autonómico y la privatización de la sanidad, han dado lugar a un problema estructural que impide que se pueda afrontar esta pandemia.
Si observamos el peso del gasto público en sanidad sobre el Producto Interior Bruto en España, vemos que éste ocupa el 6.4% mientras que en países como Alemania es un 9.7%, Austria 7.7%, Francia 9.4%, Reino Unido un 9.3%. Además de estas diferencias con países europeos, vemos que no es un dato que tienda a aumentar. La dotación presupuestaria en los Presupuesto Generales del Estado se ha visto reducida entre 2008 y 2019 en un 4%,
La tasa de paro se ha convertido en la herramienta fundamental para precarizar las condiciones de la clase trabajadora, ya que es sirve como amenaza ante despidos, modificaciones sustanciales del contrato, empeoramiento de las condiciones laborales…
Según los datos obtenidos de EUROSTAT, la tasa de paro española es una de las tasas más altas de la zona comunitaria. Si en 2019 el paro estaba en 14,1%, el segundo país con mayor desempleo después de Grecia, el promedio europeo (UE 27), estaba en 6,7%.
Durante la pandemia la tasa de paro femenina ha pasado a ser del 20% y la masculina de 16.45%. Del total de la población desempleada, el 12% (397 mil personas) lleva más de un año y el 22% (745 mil personas) más de dos años buscando empleo.
El paro juvenil, los menores de 25 años, en la última Encuesta de Población Activa, vuelve a alcanzar el 40%, y según los datos del ministerio el 34% del empleo destruido eran menores de 30 años.
Pero no solo el paro es el único problema de la clase trabajadora, la precariedad del mercado laboral se caracteriza por otros aspectos como la temporalidad, parcialidad, devaluación salarial…
De todos los contratos firmados, el 90% son temporales y el 10% indefinidos. Un dato que parece enquistarse mes a mes, ya que no parece revertirse. Además, no es una práctica que se concentré en un colectivo específico, sino más bien una dinámica más del mercado laboral.
La parcialidad en el empleo se ha incrementado desde el comienzo de la crisis, pasando del 12% del total en 2008 al 14,9% en 2019.
La desigualdad salarial y las diferencias entre la vida laboral de hombres y mujeres, llevan a que la pensión media de las mujeres sea ahora de 599 €, es decir, un 39% más baja que la de los hombres, de 977 euros al mes.